El Gobierno reconoció que la suspensión de la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas (ATPDEA, por sus siglas en inglés) afecta la generación de empleo en el país. Admitió también problemas para reducir los cultivos de hoja de coca en algunas zonas del país.
“Esto sí afecta al mercado laboral, porque estamos hablando de exportaciones de textiles vía ATPDEA y la parte de textiles hace gran uso de mano de obra”, dijo el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, en entrevista con radio Patria Nueva.
Por su parte, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró a ese mismo medio que “hay problemas en algunas zonas, en parques naturales y en algunas zonas de los Yungas ( La Paz)” para la erradicación de cocales.
Con el ATPDEA, Estados Unidos (EEUU) respalda los esfuerzos antinarcóticos de los países andinos y permite que la mayoría de las exportaciones de manufactura, como los textiles, entren a ese país libres de impuestos.
El 30 de junio, el presidente estadounidense, Barack Obama, suspendió la preferencia arancelaria para Bolivia y la mantuvo para Ecuador.
Aguirre anunció que junto a la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, se reunirá hoy con los empresarios afectados en términos de desempleo por el fin del ATPDEA. “Vamos a fijar otras medidas para la apertura de otras fuentes laborales”, sostuvo.
San Miguel señaló que trabajan en un acuerdo con los productores de coca de los Yungas y en la logística para reducir los cultivos de esa zona. “Se necesitan helicópteros y equipos especializados”, aclaró, debido a que el lugar es geográficamente diferente al Chapare, región cocalera en el trópico cochabambino.
Sin embargo, rechazó que el Gobierno no esté haciendo esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y que esté fomentando una mayor producción de coca. Aseguró que desde el 2006 a la fecha se redujeron entre 19 mil y 20 mil hectáreas de ese cultivo.
El sábado, el presidente Evo Morales denunció que el Gobierno de EEUU comete “intromisión abierta” en asuntos internos de Bolivia, al haber observado cinco políticas del Gobierno boliviano para justificar la suspensión del ATPDEA.
Según el Ejecutivo, la pérdida de la preferencia arancelaria representa 25 millones de dólares en ventas, generadas en su mayoría por productores, grandes y micros, de La Paz y El Alto.
“Esto sí afecta al mercado laboral, porque estamos hablando de exportaciones de textiles vía ATPDEA y la parte de textiles hace gran uso de mano de obra”, dijo el ministro de Planificación del Desarrollo, Noel Aguirre, en entrevista con radio Patria Nueva.
Por su parte, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró a ese mismo medio que “hay problemas en algunas zonas, en parques naturales y en algunas zonas de los Yungas ( La Paz)” para la erradicación de cocales.
Con el ATPDEA, Estados Unidos (EEUU) respalda los esfuerzos antinarcóticos de los países andinos y permite que la mayoría de las exportaciones de manufactura, como los textiles, entren a ese país libres de impuestos.
El 30 de junio, el presidente estadounidense, Barack Obama, suspendió la preferencia arancelaria para Bolivia y la mantuvo para Ecuador.
Aguirre anunció que junto a la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Patricia Ballivián, se reunirá hoy con los empresarios afectados en términos de desempleo por el fin del ATPDEA. “Vamos a fijar otras medidas para la apertura de otras fuentes laborales”, sostuvo.
San Miguel señaló que trabajan en un acuerdo con los productores de coca de los Yungas y en la logística para reducir los cultivos de esa zona. “Se necesitan helicópteros y equipos especializados”, aclaró, debido a que el lugar es geográficamente diferente al Chapare, región cocalera en el trópico cochabambino.
Sin embargo, rechazó que el Gobierno no esté haciendo esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y que esté fomentando una mayor producción de coca. Aseguró que desde el 2006 a la fecha se redujeron entre 19 mil y 20 mil hectáreas de ese cultivo.
El sábado, el presidente Evo Morales denunció que el Gobierno de EEUU comete “intromisión abierta” en asuntos internos de Bolivia, al haber observado cinco políticas del Gobierno boliviano para justificar la suspensión del ATPDEA.
Según el Ejecutivo, la pérdida de la preferencia arancelaria representa 25 millones de dólares en ventas, generadas en su mayoría por productores, grandes y micros, de La Paz y El Alto.
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