Se anticipa la pérdida de más de 300 mil empleos directos e indirectos, mercados seguros de exportación en riesgo, además de un nuevo frente de conflictos con los trabajadores del rubro son los resultados que esta a punto de generar el Decreto 29480 que prohibe la exportación de aceites.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), a tiempo de expresar su alarma por esta determinación, pidió al Poder Ejecutivo la reversión inmediata de este decreto, porque con la misma se frena y estanca todo el sistema productivo de soya y aceite.
El pasado miércoles, en reunión de gabinete, se emitió el Decreto 29.840 que prohibe la exportación de aceite refinado de soya, aceite refinado de girasol, aceite crudo de soya y aceite crudo de girasol.
El objetivo de esta nueva norma, según el Gobierno es saturar el mercado interno con el producto a fin de que baje el precio del aceite que llegó a costar hasta 15 bolivianos el litro.
De la misma manera, se anunció la venta directa a la población de aceite a 8.50 bolivianos el litro, que según la ministra de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero, es el precio justo y real con el que debe comercializarse el producto tomando en cuenta todo el proceso productivo.
Sin embargo, al parecer esta medida no es suficiente para el Gobierno que decide prohibir a los exportadores exportar aceite sin tomar en cuenta los compromisos asumidos con mercados, sobre todo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que esperan ser abastecidos con aceite boliviano.
Es así que para los distintos sectores del ámbito productivo privado, el Gobierno “ha perdido la cordura” al asumir esta medida y pide de forma inmediata la reversión de este Decreto.
“El Gobierno está perdiendo la cordura porque aprueba un decreto que va en contra de la población, del país y va en contra de la economía boliviana cuando en realidad el problema de la inflación está en todos los lugares”, afirmó el presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub.
En ese contexto, el representante de la CEPB reiteró lo expresado por los exportadores y productores privados en sentido de que con estas medidas claramente hay una gestión política que desplazó el manejo de la situación económica “como debe ser con medidas económicas”.
“Esta es una medida política en contra de la generación de empleos y en contra del desarrollo productivo”, sostuvo Dabdoub.
Datos inexactos
Asimismo, Gabriel Dabdoub afirmó que esta postura política es manejada con datos falsos que confunden a la población, ya que según información de los productores privados, la exportación de aceite de enero a diciembre del año pasado alcanzó a 263.947 toneladas todo el año y según el Gobierno solamente en enero y febrero se han exportado 365 mil toneladas de aceite.
“Con esto estamos hablando de que ya no hay que exportar aceite con lo cual el decreto que prohibe la exportación estaría demás”, manifestó Dabdoub.
Con el 20 por ciento del total de la producción de aceite en el país se cubre de manera satisfactoria el mercado interno por lo que el 80 por ciento es destinado para la exportación.
Empleos y mercados
Otro de los grandes y potenciales resultados de este decreto es la inminente pérdida de 300 mil empleos directos e indirectos en el sector soyero y la producción de aceite ya que ese universo de trabajadores se mueve en torno a la producción para la exportación.
Lo más probable en un futuro cercano es que el Gobierno tenga que solucionar un nuevo frente de conflictos con las personas desempleadas de este sector.
Otra de las consecuencias es la pérdida de seguros mercados en el exterior. Según Dabdoub los países de la Comunidad Andina como Colombia, Perú, Ecuador ,Venezuela, además de Chile, Argentina, Holanda y Japón son los mayores mercados donde se exportan todos los tipos de aceites.
Soluciones estructurales
Además del pedido de reversión del Decreto 29840 el sector privado demanda una vez más del gobierno del presidente Evo Morales un trabajo conjunto para brindar soluciones estructurales al problema económico ya que el mismo no sólo es consecuencia de la inflación actual, sino las causas tiene que ver con la política de incentivo a la producción.
Entre de las soluciones estructurales que cita el sector privado es iniciar una lucha conjunta y efectiva contra el contrabando que generó más de 260 millones de pérdidas tributarias al Estado.
De la misma manera, se propone el incentivo a la producción nacional con condiciones jurídicas para que capitales externos inviertan en el país.
La búsqueda de nuevos y más mercados para la exportación es otro de los puntos en los que piden los privados, trabajar con el Gobierno.
Ley impuesta
Sobre la postura de los exportadores y productores del oriente el vicepresidente de la República Álvaro García Linera, afirmó que el Gobierno no se dejará manipular por el “capricho de los empresarios”.
“Aquí hay una Ley y habrá Policía y Fuerzas Armadas para hacer cumplir la decisión del Decreto”, afirmó el Vicepresidente y anunció que el Gobierno está preparando otras medidas económicas.
En caso de que el mercado interno esté completamente saturado de los productos de primera necesidad y con precios moderados, el Gobierno revisará las medidas que impuso y empleará programas para incentivar la producción nacional.
“Hay 180 millones para el sector agrícola para los productores en Santa Cruz y el Beni para producir más, pero no pueden hacer más política con el alimento”, sostuvo.
En tanto, el Presidente de la CEPB afirmó que en vez que el Gobierno utilice las Fuerzas Armadas y la Policía para hacer cumplir sus decretos, lo que debe hacer es tratar de frenar el contrabando de importación que según un último estudio éste llegó a más de 1.200 millones de dólares en los últimos tres años.
“Por qué más bien no tenemos un Presidente patriota que refuerce el COA (Control Operativo Aduanero) y diga: ‘Controlemos el contrabando, reforcemos el COA’. Eso es ser patriota y no reprimir la producción nacional”.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CPEB), a tiempo de expresar su alarma por esta determinación, pidió al Poder Ejecutivo la reversión inmediata de este decreto, porque con la misma se frena y estanca todo el sistema productivo de soya y aceite.
El pasado miércoles, en reunión de gabinete, se emitió el Decreto 29.840 que prohibe la exportación de aceite refinado de soya, aceite refinado de girasol, aceite crudo de soya y aceite crudo de girasol.
El objetivo de esta nueva norma, según el Gobierno es saturar el mercado interno con el producto a fin de que baje el precio del aceite que llegó a costar hasta 15 bolivianos el litro.
De la misma manera, se anunció la venta directa a la población de aceite a 8.50 bolivianos el litro, que según la ministra de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente, Susana Rivero, es el precio justo y real con el que debe comercializarse el producto tomando en cuenta todo el proceso productivo.
Sin embargo, al parecer esta medida no es suficiente para el Gobierno que decide prohibir a los exportadores exportar aceite sin tomar en cuenta los compromisos asumidos con mercados, sobre todo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que esperan ser abastecidos con aceite boliviano.
Es así que para los distintos sectores del ámbito productivo privado, el Gobierno “ha perdido la cordura” al asumir esta medida y pide de forma inmediata la reversión de este Decreto.
“El Gobierno está perdiendo la cordura porque aprueba un decreto que va en contra de la población, del país y va en contra de la economía boliviana cuando en realidad el problema de la inflación está en todos los lugares”, afirmó el presidente de la CEPB, Gabriel Dabdoub.
En ese contexto, el representante de la CEPB reiteró lo expresado por los exportadores y productores privados en sentido de que con estas medidas claramente hay una gestión política que desplazó el manejo de la situación económica “como debe ser con medidas económicas”.
“Esta es una medida política en contra de la generación de empleos y en contra del desarrollo productivo”, sostuvo Dabdoub.
Datos inexactos
Asimismo, Gabriel Dabdoub afirmó que esta postura política es manejada con datos falsos que confunden a la población, ya que según información de los productores privados, la exportación de aceite de enero a diciembre del año pasado alcanzó a 263.947 toneladas todo el año y según el Gobierno solamente en enero y febrero se han exportado 365 mil toneladas de aceite.
“Con esto estamos hablando de que ya no hay que exportar aceite con lo cual el decreto que prohibe la exportación estaría demás”, manifestó Dabdoub.
Con el 20 por ciento del total de la producción de aceite en el país se cubre de manera satisfactoria el mercado interno por lo que el 80 por ciento es destinado para la exportación.
Empleos y mercados
Otro de los grandes y potenciales resultados de este decreto es la inminente pérdida de 300 mil empleos directos e indirectos en el sector soyero y la producción de aceite ya que ese universo de trabajadores se mueve en torno a la producción para la exportación.
Lo más probable en un futuro cercano es que el Gobierno tenga que solucionar un nuevo frente de conflictos con las personas desempleadas de este sector.
Otra de las consecuencias es la pérdida de seguros mercados en el exterior. Según Dabdoub los países de la Comunidad Andina como Colombia, Perú, Ecuador ,Venezuela, además de Chile, Argentina, Holanda y Japón son los mayores mercados donde se exportan todos los tipos de aceites.
Soluciones estructurales
Además del pedido de reversión del Decreto 29840 el sector privado demanda una vez más del gobierno del presidente Evo Morales un trabajo conjunto para brindar soluciones estructurales al problema económico ya que el mismo no sólo es consecuencia de la inflación actual, sino las causas tiene que ver con la política de incentivo a la producción.
Entre de las soluciones estructurales que cita el sector privado es iniciar una lucha conjunta y efectiva contra el contrabando que generó más de 260 millones de pérdidas tributarias al Estado.
De la misma manera, se propone el incentivo a la producción nacional con condiciones jurídicas para que capitales externos inviertan en el país.
La búsqueda de nuevos y más mercados para la exportación es otro de los puntos en los que piden los privados, trabajar con el Gobierno.
Ley impuesta
Sobre la postura de los exportadores y productores del oriente el vicepresidente de la República Álvaro García Linera, afirmó que el Gobierno no se dejará manipular por el “capricho de los empresarios”.
“Aquí hay una Ley y habrá Policía y Fuerzas Armadas para hacer cumplir la decisión del Decreto”, afirmó el Vicepresidente y anunció que el Gobierno está preparando otras medidas económicas.
En caso de que el mercado interno esté completamente saturado de los productos de primera necesidad y con precios moderados, el Gobierno revisará las medidas que impuso y empleará programas para incentivar la producción nacional.
“Hay 180 millones para el sector agrícola para los productores en Santa Cruz y el Beni para producir más, pero no pueden hacer más política con el alimento”, sostuvo.
En tanto, el Presidente de la CEPB afirmó que en vez que el Gobierno utilice las Fuerzas Armadas y la Policía para hacer cumplir sus decretos, lo que debe hacer es tratar de frenar el contrabando de importación que según un último estudio éste llegó a más de 1.200 millones de dólares en los últimos tres años.
“Por qué más bien no tenemos un Presidente patriota que refuerce el COA (Control Operativo Aduanero) y diga: ‘Controlemos el contrabando, reforcemos el COA’. Eso es ser patriota y no reprimir la producción nacional”.
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